El Estado tucumano se encuentra a las puertas de enfrentar un juicio por daños y perjuicios como consecuencia de una situación tan inquietante como lesiva. Cuando comience 2022, dentro de una semana, la Provincia seguirá usurpando un terreno privado. Y persistirá en esta situación luego de haber reconocido mediante un documento público su condición de “okupa” de esa propiedad.

Como agravante, la Legislatura tuvo la oportunidad este año de corregir esta situación atentatoria contra la propiedad privada. Pero resolvió desoír el pedido del Poder Ejecutivo y, por tanto, 2021 termina sin que la familia que es dueña del lote reciba una solución. Por ello, el representante legal de los dueños baraja demandar a los funcionarios públicos y hacerlos solidariamente responsables por lo que califica como un “despojo patrimonial”.

Los antecedentes

El caso se da en Famaillá. En esa ciudad, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la manzana que se encuentra entre Azcuénaga y Lavalle, se construyó la Escuela Primaria General Lavalle y su jardín de infantes: la Escuela Nivel Inicial General Lavalle. Ambos establecimientos ocupan la totalidad del predio: unos 10.700 metros cuadrados. Sin embargo, la superficie que es propiedad del Estado tucumano es poco menos de la mitad de esa hectárea: la Provincia sólo es dueña de 4.300 metros cuadrados.

Esa porción fue expropiada de manera legal por parte del Gobierno, mediante la Ley 7.541, de 2005. “A pesar de los claros límites del título, la Provincia procedió a ocupar el resto del inmueble, que consiste en una extensión mayor que la expropiada”, puntualizó el abogado Rafael Alejandro Carranza, que representa a los propietarios del inmueble (ellos son Jorge Hernán Jiménez, María Eugenia Jiménez Sancho Miñano, Isaías Alejandro Jiménez, Juan Pablo Jiménez y Exequiel Jiménez Sancho Miñano, según consta en el expedente 5.607/11, Jiménez, Juan Carlos - Sancho Miñano, María Inés del Valle, sobre sucesión).

El 23 de mayo de 2019, Carranza intimó a la Casa de Gobierno, por vía administrativa, para que “en el término de 15 días proceda a restituir el inmueble que detenta de modo ilegítimo y se abone a mis demandantes las sumas representativas de la ilegal ocupación”.

La presentación no cayó en saco roto y consiguió una respueta. No tuvo la urgencia requerida en la intimación (no demoró 15 días sino exactos 20 meses) y no se materializó en la restitución de la propiedad porque se ha construido dos salas de nivel inicial sobre los más de 5.500 metros cuadrados que reclaman los propietarios. Pero el 23 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para expropiar el resto de la manzana en disputa. En esa iniciativa, la Casa de Gobierno reconoce la usurpación, nada menos que con la firma de Juan Manzur como gobernador y de Juan Pablo Lichtmajer como ministro de Educación. (Se informa por separado)

Pese a ello, el jueves pasado, el proyecto de ley de la Casa de Gobierno perdió estado parlamentario: transcurrió un año completo sin que fuera tratado por la Legislatura.

Las consecuencias

“Frente a semejante cuadro de desaprensión sólo queda iniciar la acción judicial por daños y perjuicios contra todos aquellos que por acción u omisión han propiciado esto. A tenor del artículo 4 de la Constitución provincial, se hará responsable patrimonialmente a quienes han ocasionado y convalidado un despojo patrimonial de proporciones inéditas”, aseveró Carranza a LA GACETA.

“Es inconcebible la subversión de la actividad política en Tucumán, que legisla para sus propios intereses y no para los intereses del conjunto: ha puesto a la ley a su servicio y no al servicio de la comunidad”, condenó.

“Como las escuelas ya están hechas y están funcionando, se ve que consideran que no tiene rédito político legislar para resolver tamaña situación de irregularidad. Pareciera que no logran entender que el bien común como objetivo a cumplir -cuestionó-. Entonces nadie asume allí la vergüenza y el oprobio que significa tener jardines de infantes en terrenos usurpados. Es decir, el Estado convalida mantener a la educación mezclada con el delito”.

El gobierno admite que usó “superficie” que no le es propia

Proyecto de ley del Ejecutivo

Con la firma de Juan Manzur como gobernador (hoy de licencia para desempeñarse como Jefe de Gabinete de la Nación) y de Juan Pablo Lichtmajer como ministro de Educación de la provincia, el Poder Ejecutivo elaboró el 23 de diciembre de 2020 el proyecto de ley que declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en avenida Yrigoyen esquina Azcuénaga, de la ciudad de Famaillá”. Allí detalla la matrícula, la nomenclatura, la manzana, la parcela y el padrón con el que está inscripta la propiedad, “de titularidad registral a nombre de María Inés del Valle Sancho Miñano”, indica el texto oficial.

La iniciativa puntualiza que esa fracción a expropiar “regulariza la situación dominial del inmueble donde funcionan dos establecimientos escolares: ‘Escuela Primaria General Lavalle’ y ‘Escuela de Nivel Inicial General Lavalle’, construidas en el marco del Programa Nacional 700 Escuelas y del Programa Nacional Más Escuelas, implementados por los Ministerios de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con recursos provenientes del Gobierno nacional”.

el inmueble en cuestión. “Sobre ese terreno se construyeron las escuelas mencionadas. Sin embargo, en la construcción se ha utilizado también superficie perteneciente a la propiedad de María Inés del Valle Sancho Miñano. Es por ello que corresponde elevar el presente proyecto a fin de regularizar la situación dominial del inmueble donde funcionan las escuelas citadas”, argumentaron el mandatario local y el ministro.

Tras expropiar, se equivocaron de dueño con el pago

Una donación subsanó el error

De los poco más de 10.000 metros cuadrados de la manzana donde hoy funcionan la Escuela Primaria General Lavalle y la Escuela de Nivel Inicial que lleva también el nombre del prócer, en Famaillá, el Gobierno tucumano expropió poco menos de la mitad en 2005, mediante la Ley 7.541. Pero por problemas en los registros del mismísimo Estado tucumano, la indemnización estipulada por la norma no fue pagada a los propietarios, a pesar, inclusive, de que el proceso se encuentra caratulado como “Sancho Miñano, María Inés del Valle, sobre prescripción adquisitiva” y la resolución de adjudicación es del 6 de junio de 2006. El pago, por el contrario, se efectuó a un tercero, como consecuencia de que había una superposición dominial.

Pese a la improlijidad, y a las demoras que generó, la cuestión terminó subsanándose porque los verdaderos dueños convalidaron la operación en favor del Gobierno provincial mediante una donación de los derechos posesorios y litigiosos de esa fracción de poco menos de media hectárea, que se concretó entre 2009 y 2010. El decreto de aceptación del Gobierno data de 2011.

El problema es que el Estado tucumano tomó, en los hechos, también la otra media hectárea: allí construyó el jardín de infantes. Las obras fueron financiadas por el Gobierno central, en el marco del “Programa Nacional 700 Escuelas” y del “Programa Nacional Más Escuelas”, aplicados por los Ministerios de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal.